El Real Decreto-ley 11/2020, vigente desde el 02/04/2020 suma una importante batería de medidas a nivel social, laboral y económico. En el artículo anterior abordamos las medidas laborales y de sostenimiento de la economía. En este nos centramos la suspensión de plazos y aplazamiento de tributos, así como en algunas medidas sociales y para los consumidores.
¿Cómo se ven afectados los plazos tributarios y administrativos?
El artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020 ya había establecido la suspensión de los plazos en el ámbito tributario, y también en el administrativo. Dependiendo de los casos, la suspensión duraba hasta el 30 de abril o el 20 de mayo.
En este Real Decreto-ley 11/2020 se establece, primero, que hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria. Además lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, para las deudas tributarias, resultará de aplicación a los demás recursos de naturaleza pública.
En segundo lugar, se establece que la suspensión de plazos se aplica también a actuaciones, trámites y procedimientos realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Igualmente, los empresarios y autónomos que hayan interrumpido actividad y sean prestatarios de estas instituciones, podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020. La Administración deberá responder en el plazo de un mes.
Deuda aduanera y otros recursos y procedimientos
También se cita expresamente la deuda tributaria aduanera, que se podrá aplazar con las mismas condiciones que las deudas tributarias establecidas en el RDL 7/2020. La correspondiente a las declaraciones aduaneras presentadas desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020. Tendrá el mismo tratamiento que establecía el RDL 7/2020, es decir, 6 meses desde la fecha de finalización del plazo, con 3 meses sin intereses de demora.
También se podrá modificar para ampliar los plazos de las subvenciones, las órdenes y resoluciones de convocatoria y de concesión de subvenciones y ayudas públicas.
Por último, el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan, en cualquier caso que perjudique al interesado, queda suspendido durante el estado de alarma.
¿Cuándo se presentan las Cuentas Anuales?
En el caso de las Cuentas Anuales, el artículo 40 del RDL 8/2020 establecía que el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración formule las cuentas queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.
Las Cuentas Anuales habían quedado afectadas por la suspensión de plazos durante tres meses desde la finalización del estado de alarma (de momento el 11/04, pero previsiblemente pronto será el 26/04). En este RDL se establece que “será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente”. Es decir, que se deja al administrador de la empresa la decisión de si presenta las cuentas en el plazo anterior o se acoge a la prórroga del RDL 8/2020.
Aquellas sociedades mercantiles que, habiendo formulado sus cuentas anuales, convoquen la junta general ordinaria a partir del 02.04.2020, podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta. Esta deberá estar justificada por la nueva situación creada por el Covid-19, e igualmente debe acompañarse acompañarse de un escrito de conformidad del auditor de cuentas.
Respecto a las entidades de derecho del sector público estatal y local, procurarán formular y rendir las cuentas anuales de 2019 de acuerdo con los plazos previstos en la normativa. Sin embargo, los plazos previstos quedarán suspendidos desde la declaración del estado de alarma, ampliándose el plazo previsto en un periodo equivalente al de la duración efectiva del estado de alarma.
Medidas sociales y para los consumidores
Aunque no son nuestro centro de interés principal, citaremos algunas de las medidas de carácter social que se han incluido en este Real Decreto-ley 11/2020, sin ánimo de ser exhaustivos:
- Durante el plazo de seis meses desde el 14/03, (estado de alarma) los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacerlos disponibles. Será posible siempre y cuando estén en desempleo por un ERTE, sean empresarios titulares de establecimientos cuya actividad haya sido suspendida o autónomos que hubieran cesado en su actividad.
- Suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y prorroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
- Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica.
- Ampliación a tres meses la moratoria ya concedida a las hipotecas. el Ejecutivo extiende el mismo periodo de carencia a todos aquellos créditos vinculados al consumo para aquellos hogares que hayan sido impactados por la crisis del coronavirus.
- Se incrementa el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad.
- Entre las medidas para consumidores, los usuarios podrán reclamar la devolución del dinero de sus billetes o viajes a las compañías y agencias de viajes (o a través de bonos) o suspender contratos de servicios sin penalización.
- La publicidad del juego durante el estado de alarma se limitará a la franja de la madrugada, entre la una y las cinco.
