Hasta ahora las situaciones de trabajo a distancia se regían por el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, pero el aumento del teletrabajo debido a la pandemia ha cambiado todo. El Gobierno ha aprobado y publicado en el BOE el pasado 23/09 el Real Decreto-ley 28/2020, de trabajo a distancia, para regularlo. La entrada en vigor es 20 días después su publicación, es decir, el 13/10. Te resumimos lo más importante de esta nueva normativa del teletrabajo que va a dar mucho trabajo a los departamentos legales y de recursos humanos.

CONTENIDOS

Entrada en vigor y en qué circunstancias se aplica

¿Qué es trabajo a distancia y qué es teletrabajo?

Igualdad del trabajo a distancia y el trabajo presencial en derechos

Voluntariedad del trabajo a distancia

Derechos de los trabajadores a distancia

Facultades de dirección, organización y control empresarial

Entrada en vigor y en qué circunstancias se aplica

La entrada en vigor, como ya hemos dicho, es transcurridos 20 DÍAS de la publicación en el BOE. Como esta fue el 23/09, sería en la mayoría de los casos el 13/10. Sin embargo, hay varias disposiciones adicionales, transitorias y finales que aplican desde el mismo día de su publicación.

El RDL 28/2020 se aplica al trabajo a distancia tal y como se define en esta norma. Sin embargo, hay que dejar claro que deja fuera el trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del RDL 8/2020, o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19. Esa circunstancia del teletrabajo sigue regulada por las leyes anteriores.

No obstante, al trabajo a distancia a consecuencia de las medidas de contención sanitaria le son igualmente de aplicación los dos puntos siguientes:

• Las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.
• La negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados.

La disposición transitoria primera establece que el acuerdo de trabajo a distancia, del que luego hablaremos, debe formalizarse en el plazo de TRES MESES desde que el RDL 28/2020 se aplique a la relación laboral. El mismo plazo se establece para modificar acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes a la fecha de publicación del RDL. Cuando haya acuerdos colectivos o convenios, la entrada en vigor será cuando estos dejen de estar vigentes, o un año después de la publicación del RDL, si estos no prevén un plazo, salvo que se pacte lo contrario.

¿Qué es trabajo a distancia y qué es teletrabajo?

Primeramente, se define lo que es trabajo a distancia, trabajo presencial y teletrabajo, dado que este RDL 28/2020 regula el trabajo a distancia (no solo y exclusivamente el teletrabajo)

• Trabajo a distancia es aquel que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
• Teletrabajo es el trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de tecnologías de la información.
• Trabajo presencial es aquel que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

Por tanto , aunque hablamos de normativa del teletrabajo, realmente regula de manera más amplia el trabajo a distancia.

Además, para que se considere trabajo a distancia debe darse en un periodo de referencia de 3 meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. En contratos con menores, en prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo se podrá hacer contrato de trabajo a distancia si se garantiza que un 50% del trabajo será presencial.

Por tanto, esta normativa del teletrabajo debería, en rigor, definirse como normativa del trabajo a distancia.

Igualdad del trabajo a distancia al trabajo presencial en derechos

La ley estima que el trabajo a distancia no debe suponer menoscabo de los derechos que el trabajador tiene en el trabajo presencial. En concreto, en lo que respecta a retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional. Deberán percibir la misma retribución y complementos que percibían cuando realizaban trabajo a distancia.

En detalle, no podrán percibir menos remuneración ni aumentar el tiempo de trabajo, por dificultades técnicas debidas no imputables al trabajador. También tendrán el mismo derecho de adaptación a la jornada establecido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, a fin de que no interfiera el trabajo con la vida personal y familiar.

Voluntariedad del trabajo a distancia

El trabajo a distancia tiene un carácter TOTALMENTE VOLUNTARIO tanto para el trabajador como para la empresa. Además, tiene la condición de ser reversible. En caso de elegirse esta modalidad de trabajo, se requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia que regula el RDL. Nunca podrá ser causa de extinción del contrato de trabajo o pérdida de beneficios por el trabajador la negativa a trabajar a distancia o elegir la reversibilidad de la situación.

La formalización del acuerdo debe ser por escrito y se debe anexar al contrato de trabajo. Una vez firmado debe entregarse a la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) y a la oficina de empleo. Los contenidos mínimos que debe contener son estos:

• Inventario de medios, equipos y herramientas para trabajo a distancia
• Enumeración de gastos que puede tener el trabajador por prestar servicios a distancia, así como la forma de cuantificación de la compensación que debe abonar la empresa.
• Horario de trabajo y reglas de disponibilidad, si se da el caso.
• Porcentaje de trabajo a distancia y trabajo presencial
• Centro de trabajo al que se adscribe el trabajador a distancia y lugar de trabajo elegido.
• Duración de los plazos de preaviso para la reversibilidad del trabajo a distancia.
• Medios de control empresarial de la actividad.
• Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas.
• Instrucciones dadas por la empresa respecto a protección de datos y seguridad de la información.
• Duración del acuerdo.

La modificación de las condiciones del acuerdo siempre debe ser objeto de un nuevo pacto formalizado entre empresa y trabajadores, previa información de la RLT. Por otra parte, en los convenios y acuerdos colectivos se podrán establecer mecanismos y criterios por los que la persona puede cambiar de trabajo a distancia a presencial y viceversa, respetando determinados colectivos y circunstancias.

Derechos de los trabajadores a distancia

Los trabajadores a distancia mantendrán los mismos derechos en cuanto a formación y promoción que los trabajadores presenciales. Además, tendrán derecho a la formación necesaria para prestar servicios a distancia, y las actualizaciones necesarias para ello.

Muy importante es lo que respecta a la compensación de gastos, que se ha comentado mucho respecto a esta norma. Por un lado, los trabajadores a distancia tienen derecho a dotación de medios y herramientas para trabajar a distancia. Por otro, tendrán derecho al abono y compensación de gastos por el desarrollo del trabajo a distancia.

Siempre según la negociación colectiva, se tendrá derecho al horario flexible, al registro de horario adecuado y a la prevención de riesgos laborales, aunque desarrolle su actividad fuera del centro de trabajo.

Tendrán también derecho a la intimidad al usar los dispositivos electrónicos de la empresa, que a su vez no podrá exigir el uso de dispositivos electrónicos personales del trabajador. También se recalca el derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo (ya regulado en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018).

Por último, los trabajadores a distancia tendrán derecho a ejercitar sus derechos de naturaleza colectiva igual que los trabajadores. No debe haber obstáculos para la comunicación ni para la participación de los trabajadores a distancia. La empresa deberá informar a la RLT de las direcciones electrónicas de los trabajadores a distancia, así como acceso al tablón virtual, si este se puede dar en la empresa.

Facultades de dirección, organización y control empresarial

Se regulan en el capítulo IV y llama la atención que comparativamente su extensión es mucho menor respecto a los tres capítulos anteriores. El Real Decreto-ley 28/2020 dedica 19 artículos definir el trabajo a distancia y lo que implica, las condiciones para practicarlo, los derechos de los trabajadores que lo practiquen. Y solo los 3 artículos del capítulo IV se ocupan de las facultades de organización, control y dirección empresarial en materia de trabajo a distancia.

Se establece que los trabajadores deben cumplir las instrucciones de la empresa en materia de protección de datos y seguridad de la información. Deben seguir también las condiciones e instrucciones de uso y conservación en relación con los equipos o útiles informáticos. Por último, la empresa adoptará las medidas oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales.

La normativa del teletrabajo, cuando este se elige voluntariamente por empresa y trabajadores, se ve totalmente transformada por este RDL, y tanto empresarios como trabajadores deberán estar atentos durante los próximos meses para ceñirse a su cumplimiento. No hay duda de que dará mucho trabajo a los responsables de gestionar estas cuestiones en las empresas.

Las ayudas de la CAM (Comunidad de Madrid) dirigidas a autónomos estuvieron poco tiempo vigentes la última vez. En esta ocasión, las ayudas consisten en un apoyo financiero, tanto para Pymes como para autónomos de Madrid, afectados por la crisis de la Covid-19, que hayan solicitado un crédito para hacer frente a sus gastos.

BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS DE LA CAM

Los beneficiarios de estas ayudas son autónomos y PYMEs cuyo centro de actividad esté en la Comunidad de Madrid. Es decir, por una parte, trabajadores inscritos el RETA, incluyendo socios de cooperativas, sociedades laborales o mercantiles o inscritos de manera alternativa con una Mutua de previsión social. Por otra parte, las pequeñas y medianas empresas. Es decir, las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50.000.000 de euros o bien cuyo balance general anual no excede de 43.000.000 de euros.

Aparte de que el centro de trabajo del autónomo o PYME esté en la Comunidad de Madrid, su actividad se ha tenido que ver afectada por el Covid-19, en concreto:

Actividades cuya apertura al público quedase suspendida por la declaración del estado de alarma por la crisis sanitar de la Covid-19 (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo).

Actividades que hayan experimentado, a partir del mes de marzo o abril de 2020, una reducción de, al menos un 25% de la facturación, comparativamente con el mismo mes del año anterior o respecto a febrero de 2020.

Negocios que iniciasen su actividad en marzo de 2020, independientemente del sector en el que la desarrollen.

OBJETO DE ESTAS AYUDAS

Para optar a estas ayudas de la CAM, la PYME o el autónomo tiene que haber suscrito una operación de préstamo con una entidad de crédito con establecimiento permanente en la CAM, y que esté avalada en un 100% por alguna de las SGR (Sociedades de Garantía Recíproca) que operan en la Comunidad de Madrid. Como sabemos, las SGR son entidades financieras sin ánimo de lucro que facilitan a pymes y autónomos el acceso a la financiación a través de la concesión de avales directos, aparte de asesoramiento, formación y promoción. Aquí puedes consultar las SGR que operan en la Comunidad de Madrid.

El objeto de la ayuda es, de hecho, el pago de las comisiones, intereses y amortizaciones asociadas al préstamo; así como las comisiones del aval. Es decir, que no se puede dedicar a ninguna otra finalidad.

Aparte de ser créditos con entidades establecidas den la Comunidad, y avaladas al 100% por SGR, deben cumplirse también otros requisitos:

Deben ser préstamos nuevos o renovaciones de préstamos que hayan sido concedidos a partir del 14/05/2020 (entrada en vigor del estado de alarma). El importe no podrá ser superior a 50.000€ de principal, y el plazo de devolución deberá ser igual o inferior a 30 meses, incluidos 6 meses de carencia.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS

La cuantía de estas ayudas de la CAM será del 6,5% del importe formalizado, en concepto de principal, de las operaciones de préstamo.

El Boletín de la Comunidad de Madrid publicó el 14/05/2020 el importe total del crédito presupuestario dedicado a estas ayudas, que asciende a 8 millones (8.000.000) de euros.

PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS

La orden indicada más arriba establece la fecha máxima del 30/11/2020, y está abierto el plazo desde el 09/05/2020, día siguiente a la publicación en el BOCM de la Orden.

La presentación de solicitudes y la documentación exigida se realizará exclusivamente de manera electrónica, a través del Registro Electrónico de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Por tanto, es necesario contar con DNI electrónico o Certificado Digital en vigor. Además, se deberá estar dado de alta en deberá estar dado de alta en el servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid. En el enlace correspondiente del registro, que incluimos más abajo, se remite en el apartado “GESTIÓN” al formulario de solicitud y los documentos que se deben rellenar.

Por último, te dejamos los enlaces para solicitar la ayuda, así como las preguntas frecuentes que ha publicado la Comunidad de Madrid sobre la misma.

ENLACE PARA SOLICITAR LA AYUDA

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ESTAS AYUDAS DE LA CAM

El Real Decreto-ley 11/2020, vigente desde el 02/04/2020 suma una importante batería de medidas a nivel social, laboral y económico. En el artículo anterior abordamos las medidas laborales y de sostenimiento de la economía. En este nos centramos la suspensión de plazos y aplazamiento de tributos, así como en algunas medidas sociales y para los consumidores.

¿Cómo se ven afectados los plazos tributarios y administrativos?

El artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020 ya había establecido la suspensión de los plazos en el ámbito tributario, y también en el administrativo. Dependiendo de los casos, la suspensión duraba hasta el 30 de abril o el 20 de mayo.

En este Real Decreto-ley 11/2020 se establece, primero, que hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria. Además lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, para las deudas tributarias, resultará de aplicación a los demás recursos de naturaleza pública.

En segundo lugar, se establece que la suspensión de plazos se aplica también a actuaciones, trámites y procedimientos realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Igualmente, los empresarios y autónomos que hayan interrumpido actividad y sean prestatarios de estas instituciones, podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020. La Administración deberá responder en el plazo de un mes.

Deuda aduanera y otros recursos y procedimientos

También se cita expresamente la deuda tributaria aduanera, que se podrá aplazar con las mismas condiciones que las deudas tributarias establecidas en el RDL 7/2020. La correspondiente a las declaraciones aduaneras presentadas desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020. Tendrá el mismo tratamiento que establecía el RDL 7/2020, es decir, 6 meses desde la fecha de finalización del plazo, con 3 meses sin intereses de demora.

También se podrá modificar para ampliar los plazos de las subvenciones, las órdenes y resoluciones de convocatoria y de concesión de subvenciones y ayudas públicas.

Por último, el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan, en cualquier caso que perjudique al interesado, queda suspendido durante el estado de alarma.

¿Cuándo se presentan las Cuentas Anuales?

En el caso de las Cuentas Anuales, el artículo 40 del RDL 8/2020 establecía que el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración formule las cuentas queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.

Las Cuentas Anuales habían quedado afectadas por la suspensión de plazos durante tres meses desde la finalización del estado de alarma (de momento el 11/04, pero previsiblemente pronto será el 26/04). En este RDL se establece que “será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente”. Es decir, que se deja al administrador de la empresa la decisión de si presenta las cuentas en el plazo anterior o se acoge a la prórroga del RDL 8/2020.

Aquellas sociedades mercantiles que, habiendo formulado sus cuentas anuales, convoquen la junta general ordinaria a partir del 02.04.2020, podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta. Esta deberá estar justificada por la nueva situación creada por el Covid-19, e igualmente debe acompañarse acompañarse de un escrito de conformidad del auditor de cuentas.

Respecto a las entidades de derecho del sector público estatal y local, procurarán formular y rendir las cuentas anuales de 2019 de acuerdo con los plazos previstos en la normativa. Sin embargo, los plazos previstos quedarán suspendidos desde la declaración del estado de alarma, ampliándose el plazo previsto en un periodo equivalente al de la duración efectiva del estado de alarma.

Medidas sociales y para los consumidores

Aunque no son nuestro centro de interés principal, citaremos algunas de las medidas de carácter social que se han incluido en este Real Decreto-ley 11/2020, sin ánimo de ser exhaustivos:

• Durante el plazo de seis meses desde el 14/03, (estado de alarma) los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacerlos disponibles. Será posible siempre y cuando estén en desempleo por un ERTE, sean empresarios titulares de establecimientos cuya actividad haya sido suspendida o autónomos que hubieran cesado en su actividad.
• Suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y prorroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
• Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica.
• Ampliación a tres meses la moratoria ya concedida a las hipotecas. el Ejecutivo extiende el mismo periodo de carencia a todos aquellos créditos vinculados al consumo para aquellos hogares que hayan sido impactados por la crisis del coronavirus.
• Se incrementa el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad.
• Entre las medidas para consumidores, los usuarios podrán reclamar la devolución del dinero de sus billetes o viajes a las compañías y agencias de viajes (o a través de bonos) o suspender contratos de servicios sin penalización.
• La publicidad del juego durante el estado de alarma se limitará a la franja de la madrugada, entre la una y las cinco.

El Real Decreto-ley 11/2020 se aprobó en Consejo de Ministros el 31 de Marzo de 2020 y está vigente desde el 02/04/2020. Suma una importante batería de medidas a nivel social, laboral y económico. Son importantes los aplazamientos de las cuotas a la seguridad social, la suspensión de plazos en toda la Administración y las medidas sociales encaminadas a proteger a colectivos vulnerables.

El Real Decreto-ley 11/2020 se articula en estos tres capítulos:

Capítulo I. Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables

Capítulo II. Medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia del COVID-19

CAPÍTULO III. Otras medidas.

En este primer artículo, nuestro análisis se centrará en las medidas de apoyo a los trabajadores y las que se aplican para sostener la actividad económica.

En el artículo siguiente, hablaremos de la extensión de la suspensión de plazos y aplazamiento de deudas, y daremos un breve repaso a las medidas sociales y para consumidores.

Moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social

En el artículo 35, se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social, sin interés, a las empresas y autónomos incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan determinados requisitos y condiciones que se determinarán mediante Orden ministerial.

En el caso de las EMPRESAS, las cotizaciones y conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020. Las solicitudes podrán presentarse a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED). Se hará mediante solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria

En el caso de los AUTÓNOMOS el periodo de devengo será entre mayo y julio de 2020. Los autónomos podrán solicitarlo por el sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS)

En ambos casos, siempre y cuando no se haya interrumpido su actividad por el estado de alarma, y en el caso de las empresas si no tienen derecho a la exoneración de los pagos a la S.S., por haber cursado un ERTE por causa de fuerza mayor (artículos 22 a 25 del RDL 8/2020).

Las solicitudes de moratoria deben comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo.

La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de la solicitud, si bien se ese considerará aceptada si se aplica efectivamente la moratoria.

Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social

Todas las empresas y trabajadores por cuenta propia que estén inscritas en cualquier régimen de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED) podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la S.S. Se trata de las deudas a ingresar entre Abril y Junio de 2020, y se aplicará un interés del 0,5%, en lugar del habitual.

Casos especiales de trabajadores

El artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020 establece que los trabajadores temporales que hayan visto acabar sus contratos desde el 14 de marzo tendrán derecho al cobro de un subsidio de desempleo excepcional. En concreto, su cuantía ascenderá al 80% del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 438,88 euros mensuales y su duración será de un mes, si bien se podrá ampliar mediante Real Decreto-ley.

El artículo 30 regula los contratos de los empleados del hogar. También han quedado incluidos en el esquema de ayudas a las personas que no pueden trabajar como consecuencia del confinamiento. La cuantía de la ayuda será del 70 % de la base de cotización para empleados del hogar y tendrán derecho a ella las personas dadas de alta antes de la entrada en vigor del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, y que hayan dejado de prestar servicios en uno o varios domicilios, total o parcialmente.

Medidas para sostener la actividad económica.

El Real Decreto-ley 11/2020 también establece que se amplía el plazo para aportar garantías o para la devolución de determinados préstamos concedidos por el Estado.

Por ejemplo, las convocatorias de préstamos concedidos por la SGIPYME, pendientes de resolución cuando se declaró el estado de alarma, el plazo para aportar las garantías que se piden finalizará el 3 de noviembre de 2020. También la amortización de los préstamos concedidos por esta entidad se pueden refinanciar, durante el plazo de 2 años y medio contados desde de 14 de marzo.

Medidas similares se toman en el ámbito del turismo. En concreto, los intereses y amortizaciones de los créditos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo en el ámbito de los programas EMPRENDETUR se aplazan durante un año.

Flexibilización de los suministros

Los artículos 42 y 43 del Real Decreto-ley 11/2020, establecen medidas similares para los contratos de suministro de electricidad y gas natural. Es válido tanto para autónomos como para empresas. Dado que muchos locales y oficinas permanecen cerrados, se podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro para contratar otra oferta alternativa con el comercializador con el que tienen contrato vigente.

Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de acceso, en el caso de electricidad, o de caudal diario, en el de gas natural, sin coste adicional, salvo que la modificación fuera al alza.

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que haya solicitado la suspensión o modificación de su contrato de suministro podrá solicitar su reactivación. Esta habrá de producirse en 5 días naturales, por parte de su compañía.

También podrá suspenderse el pago de las facturas. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, autónomos y PYMES, podrán solicitar la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma.

Las cantidades adeudadas se regularizarán a partes iguales en las facturas emitidas por las comercializadoras de electricidad y gas natural correspondientes a los periodos de facturación en los que se integren los siguientes seis meses.

Siguiente publicación

En el siguiente artículo sobre el Real Decreto-ley 11/2020, hablaremos de las medidas conducentes a suspender o los plazos o aplazar las deudas con la administración, así como algunas medidas sociales y para consumidores.